En un comunicado emitido por el CIP, se insta a una “depuración inmediata” de las instituciones encargadas de impartir justicia en el Paraguay, ya que los últimos sucesos que involucran a la Fiscalía, el JEM y el PJ dejan en evidencia la destrucción de la ya debilitada independencia judicial, con graves consecuencias económicas y en detrimento de la democracia.

Con el mensaje de que “la confianza se construye con mil actos y se destruye con solo uno” arranca el pronunciamiento del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), donde se expone la profunda preocupación con la que sus miembros observan los más recientes acontecimientos que afectan gravemente a la institucionalidad del sistema judicial del país.

En el comunicado, el CIP advierte que la información que fuera hecha pública en los últimos días expone una estructura de corrupción que involucra a miembros del Ministerio Público, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Poder Judicial (PJ), dejando en evidencia la destrucción de la ya debilitada independencia judicial, así como una alarmante utilización con fines personales y una manipulación alevosa del sistema judicial en el país.

“Como gremio que ambiciona y se compromete por un Estado de Derecho pleno en el país que traiga consigo la seguridad jurídica, el CIP considera preocupante que las instituciones encargadas de la justicia sean las que elaboren esquemas que abren paso y facilitan la utilización delictiva de la justicia y la corrupción, ya que esto socava la confianza ciudadana, debilita los esfuerzos económicos, nos aleja de la confianza de inversores internacionales y debilita los cimientos de un sistema democrático sólido”, manifiesta el gremio.

El Centro de Importadores solicita una “investigación objetiva, exhaustiva y urgente” por parte del Ministerio Público sobre los hechos de corrupción denunciados, con sanciones ejemplares para todos los responsables. Asimismo, considera que es imperativa la “depuración inmediata” de las instituciones involucradas, a fin de garantizar que jueces, fiscales y miembros del JEM actúen con independencia, ética y transparencia.

“Exigimos también el cese definitivo de la injerencia política en el sistema de justicia, ya que esta situación deteriora la institucionalidad y debilita el estado de derecho. Es fundamental, además, que se fortalezca la participación de la sociedad civil en decisiones de políticas públicas y el acceso garantizado a la información pública para todos los ciudadanos sin distinción alguna”, agregan los importadores.

La nucleación de empresarios lamenta que esta grave situación se dé en un contexto en el cual un gran número de compatriotas se encuentra realizando todos los esfuerzos para cambiar la realidad del país y limpiar la imagen que tiene el Paraguay para con el mundo. “Situaciones de esta naturaleza significan pasos de gran retroceso en el camino que todos juntos estamos intentando construir”, exclama el CIP.

Finalmente, el Centro de Importadores reitera su compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto a las normas, la transparencia, principios fundamentales para el crecimiento, seguridad jurídica y la estabilidad del país.

“El Estado de Derecho es el pilar fundamental de toda sociedad democrática, ya que garantiza que las leyes se apliquen de manera justa, sin privilegios ni arbitrariedades, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su posición social o política, estén sujetos a las mismas normas. Su existencia fortalece la seguridad jurídica, fomenta la confianza en las instituciones y crea un entorno estable para el desarrollo económico y social”, recuerda el gremio de importadores.