Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las políticas aplicadas por los gobiernos en América Latina y el Caribe para contener el avance de la pandemia han implicado desafíos para la población de los niveles socioeconómicos de ingresos medio y bajo.

Las medidas adoptadas, como el confinamiento, disminuyeron los ingresos de las familias reduciendo su bienestar social. Los más afectados por la pérdida del empleo fueron los trabajadores informales, los jóvenes y los que tenían menores niveles de educación.

Considerando un escenario de reducción del ingreso del 50%, se estima que la crisis de la pandemia podría aumentar la pobreza en la región entre un 25% y 33%, para el año 2030. Además la distribución de los ingresos podría empeorar aumentando el coeficiente de Gini de 0,47 a 0,50.

De esta manera, el informe señala un retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Los gobiernos tendrán como desafío propiciar la recuperación económica con un enfoque inclusivo que favorezca la creación de empleo y la protección social.